San José, Costa Rica – 27 de enero. Durante este 2026, cerca del 90% de los contribuyentes en Costa Rica responde al régimen general, lo que implica que una amplia mayoría de empresas, pymes y sociedades activas debe cumplir este año con obligaciones como la declaración del impuesto sobre las utilidades, reportes informativos y pagos anuales, en un contexto de mayor control digital, fiscalización y exigencia operativa.

La magnitud del proceso ha incrementado la presión sobre el ecosistema contable del país. En plena temporada de declaraciones, los propios Colegios de Contadores han habilitado espacios específicos para canalizar errores detectados por profesionales y trasladar los casos a la Administración Tributaria, reflejando el volumen de incidencias y la complejidad que enfrenta una base tan amplia de contribuyentes.

Este escenario adquiere mayor relevancia si se considera el peso del sector empresarial en la economía nacional. De acuerdo con datos oficiales y reportes sectoriales, las empresas en zonas francas generan cerca del 15% del PIB y más de 265.000 empleos, mientras que el tejido de micro, pequeñas y medianas empresas sostiene una parte significativa del empleo formal y de la actividad productiva del país.

A este impacto económico se suma un marco tributario más estricto. Durante este 2026, se han reforzado los mecanismos de control, ampliado los reportes obligatorios y ajustado los plazos, lo que reduce el margen para errores y aumenta la necesidad de llegar a la declaración con información previamente validada.

“Cuando cerca del 90% de los contribuyentes está bajo el régimen general, cualquier inconsistencia se vuelve masiva. El cambio de este 2026 es que el cumplimiento fiscal ya no se resuelve solo al momento de declarar, sino que exige orden previo, consistencia en los registros y validaciones anticipadas”, señala Miguel Hervás, Country Manager de Alegra en Costa Rica.

Entre los principales desafíos identificados por especialistas se encuentran la correcta gestión de pagos parciales, saldos a favor, créditos fiscales y registros históricos, especialmente en un entorno donde los sistemas tributarios atraviesan procesos de ajuste y actualización tecnológica. Estas inconsistencias pueden derivar en reprocesos, correcciones posteriores o retrasos en el cumplimiento.

Desde el punto de vista operativo, el impacto también se refleja en los despachos contables, que enfrentan mayores cargas de revisión y validación, mientras que las empresas deben destinar más tiempo y recursos a ordenar su información financiera para reducir riesgos involuntarios.

“En este contexto, el mayor riesgo no es la fiscalización en sí, sino el desorden interno. Las empresas que no tengan claridad sobre su información financiera son las más expuestas a ajustes posteriores”, agrega Hervás.

Ante este escenario, las herramientas de gestión contable en la nube han tomado relevancia como soporte complementario para centralizar información, generar reportes claros y facilitar la revisión previa a la declaración, sin sustituir el rol de los sistemas oficiales ni de las autoridades tributarias.

El consenso entre expertos es claro: el 2026 exige mayor disciplina contable, anticipación y menos improvisación, especialmente para los contribuyentes que conforman la base del sistema tributario costarricense.