Según análisis del CCECR, aunque el país mantiene superávit primario y reduce el déficit, el repunte de la deuda por encima del 60% del PIB anticipa mayores restricciones fiscales

San José, 26 de febrero 2026. — Los resultados fiscales del Gobierno Central correspondientes al 2025 muestran una mejora en indicadores clave como el déficit financiero, aunque el aumento de la deuda pública por encima del 60% del PIB anticipa un escenario de mayor restricción fiscal y abre el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el rol del Estado en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con los datos divulgados por el Ministerio de Hacienda, el país registró un superávit primario equivalente a ₡487.920 millones, un 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB), impulsado por ingresos que representaron el 14,4% del PIB frente a un gasto primario del 13,5%. Asimismo, el déficit financiero se redujo del 3,7% al 3,4% del PIB, reflejando una mejora respecto al año anterior.

No obstante, uno de los principales focos de atención es el comportamiento de la deuda del Gobierno Central, que volvió a ubicarse por encima del umbral del 60% del PIB, alcanzando el 60,4%, equivalente a aproximadamente US$32 billones, lo que activa nuevamente la aplicación más estricta de la Regla Fiscal.

El economista del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR), José Francisco Pacheco, señaló que los resultados fiscales reflejan avances importantes, pero también evidencian señales de agotamiento en el modelo actual de consolidación fiscal.

“Si bien el país ha logrado mantener superávits primarios durante varios años, esto también sugiere que la reforma fiscal del 2018 muestra señales de agotamiento, por lo que se vuelve imprescindible abrir una discusión más profunda sobre el balance fiscal y el rol del sector público en una sociedad del siglo XXI”, indicó Pacheco.

El análisis advierte que el retorno de la deuda a niveles superiores al 60% del PIB implicará condiciones más severas en la política fiscal, incluyendo mayores controles del gasto, posibles congelamientos salariales en el sector público y restricciones en transferencias y financiamiento externo, lo que podría tener efectos en distintos sectores económicos y sociales.

Además, se prevé que el Gobierno entrante deberá programar presupuestos con parámetros más estrictos, lo que podría traducirse en reasignaciones de recursos entre ministerios, ajustes en el crecimiento del gasto o estrategias más agresivas de incremento en la recaudación.

En este contexto, el documento subraya la preocupación de que el ajuste fiscal continúe concentrándose principalmente en la contención del gasto, lo que podría limitar la inversión en áreas clave como educación, seguridad e infraestructura, en momentos en que la ciudadanía demanda mayores recursos para atender estos desafíos.

Pacheco enfatizó que el debate fiscal debe trascender la estabilidad macroeconómica y abordar la sostenibilidad del financiamiento del sector público desde una perspectiva estratégica.

“La discusión sobre los ingresos públicos debe asumirse con sentido de urgencia, no solo para evitar crisis de deuda, sino para garantizar que el Estado cuente con los recursos necesarios para generar valor público y mejorar las condiciones de vida de la población”, afirmó.

El análisis también plantea la necesidad de avanzar en una reforma integral del Estado que mejore la capacidad de ejecución de las instituciones y aumente el impacto de las políticas públicas, así como revisar el diseño de la actual Regla Fiscal para evitar limitaciones acumulativas que puedan afectar la provisión de servicios públicos en el futuro.

Finalmente, se concluye que el país enfrenta un momento clave para redefinir su estrategia fiscal, equilibrando la sostenibilidad de la deuda con la necesidad de fortalecer la inversión pública y la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales y económicas de las próximas décadas.