• El proyecto contempla cerca de 145 procesos de expropiación, muchos de los cuales no han sido  concluidos. 

• Además, plantea excepciones a la Ley General de Contratación Pública y la limitación de  mecanismos de control y fiscalización. 

San José, Costa Rica. Ayer 14 de abril. 2026. En el marco de su participación en la sesión de trabajo con  diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la Cámara  Costarricense de la Construcción (CCC) reiteró la importancia estratégica del proyecto 25.291 relacionado al Tren Rápido de Pasajeros para el desarrollo del país.  

La iniciativa representa una oportunidad relevante para mejorar la movilidad en la Gran Área  Metropolitana (GAM), aumentar la competitividad y avanzar hacia un modelo de transporte más  eficiente y sostenible, por lo que debe ser prioritario por parte de las autoridades gubernamentales. 

Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC, Claudio Pacheco Morera presidente del comité de  Infraestructura y Obras Mayores de la CCC y Claudio Donato Monge, miembro del comité de  Infraestructura y Obras Mayores de la Cámara, explicaron los resultados del análisis y estudio realizado  sobre este proyecto y pusieron sobre la mesa una serie de preocupaciones técnicas, financieras e  institucionales que consideran fundamentales atender antes de avanzar con decisiones de alto impacto  para las finanzas públicas. 

El proyecto 25.291 presenta etapas clave de preingeniería aún sin finalizar, incluyendo estudios, diseños  y procesos asociados. Avanzar en la aprobación del financiamiento bajo estas condiciones incrementa  de forma significativa el riesgo de sobrecostos, atrasos y ajustes posteriores que podrían comprometer  la viabilidad del proyecto. 

“Los principales atrasos en los proyectos no se encuentran en la fase de contratación, sino que los  inconvenientes que hemos tenido por años surgen por iniciar las obras sin haber concluido antes los  procesos de preingeniería, como lo hemos dicho anteriormente”, explicó Murillo, quien agregó que esto  se tiene demostrado.  

El proyecto contempla cerca de 145 procesos de expropiación, muchos de los cuales no han sido  concluidos y para los cuales no hay un presupuesto aprobado. Esta situación genera incertidumbre sobre  los tiempos reales de ejecución y podría provocar atrasos significativos si no se gestionan de manera  adecuada y oportuna. 

La CCC manifestó preocupación por disposiciones del proyecto que plantean excepciones a la Ley  General de Contratación Pública, lo que limita los mecanismos de control y fiscalización. Además,  reiteró que el uso de procedimientos como la licitación reducida podría restringir la competencia y  reducir la posibilidad de obtener mejores ofertas, afectando la eficiencia en la inversión de los fondos. 

Articulación institucional para el proyecto. Murillo señaló los posibles efectos en la circulación  vehicular si no se planifican soluciones adecuadas. “Es importante analizar la afectación que va a tener el tren en las intersecciones críticas donde el tren opere, pues puede cortar las vías y generar más  congestión adicional, más demoras y riegos en la seguridad vial. Es un riesgo importante y es un tema  de preocupación”, destacó. 

Además, Murillo, Pacheco y Donato insistieron en la necesidad de una adecuada articulación  interinstitucional, especialmente con empresas proveedoras de servicios públicos, para garantizar la  reubicación de infraestructura, la planificación de inversiones y la disponibilidad de capacidad  energética suficiente para la operación del sistema. 

Otro punto expuesto fue la falta de claridad en los mecanismos para cubrir los costos operativos del  sistema, así como en las fuentes de financiamiento a largo plazo. Esta ausencia de definición podría  traducirse en presiones fiscales futuras para el Estado. Murillo explicó que el financiamiento mediante  endeudamiento externo no es la única opción disponible, sino que existen esquemas como  las asociaciones público-privadas o concesiones, que podrían ofrecer ventajas en términos de eficiencia,  asignación de riesgos, innovación, sostenibilidad financiera y ejecución oportuna del proyecto. 

Para Murillo, “este proyecto es un ejemplo de lo que se puede hacer con alianzas público-privadas porque  así se generaría menor presión sobre las finanzas públicas, permitiría la asignación eficiente de los  riegos, una ejecución ágil y oportuna, una integración del sistema y la operación que se toma en cuenta  desde el diseño además de la incorporación de experiencia y tecnología, enfoque del proyecto en niveles  de servicio hacia el usuario y diversificación en las fuentes de ingresos del sistema”. Agregó que es  importante que el país migre hacia generar proyectos de este nivel y envergadura bajo el esquema de  alianzas público-privadas. 

La Cámara fue clara en que la modernización del sistema ferroviario en la GAM, no será la solución  definitiva al problema de congestionamiento vial pero que sí es fundamental para hacer más eficiente el  transporte, reducir tiempos y costos, y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible con  menores emisiones y el ordenamiento territorial bajo esquemas orientados al transporte, ante la creciente  congestión derivada del crecimiento urbano y la saturación vial. 

La Cámara Costarricense de la Construcción reitera su disposición de colaborar constructivamente, como ente técnico especializado, con las autoridades para el fortalecimiento de esta iniciativa, con el  objetivo de que el país cuente con un sistema ferroviario moderno, eficiente y sostenible.