· No hay excusa moral ni técnica que justifique el silencio y el actuar de algunos funcionarios de la CCSS

Han pasado ya seis meses desde la publicación de la Ley 10604, una normativa esperada por miles de trabajadores independientes en condición de morosidad ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sin embargo, esa esperanza hoy se diluye ante la inacción, pues el reglamento necesario para aplicar esta ley sigue sin emitirse y menos aún sin ser aprobado.  El silencio de la Junta Directiva y de los responsables del reglamento, es una afrenta directa a la buena fe de quienes creyeron en la ley y un acto de abandono hacia quienes más necesitan respuestas.

Esta demora —que solo puede explicarse por desinterés institucional— representa un acto de indiferencia inaceptable hacia personas que desean regularizar su situación con la seguridad social. Trabajadores que, con voluntad genuina de cumplir, enfrentaron trámites imposibles, cuotas impagables e inflexibilidad absoluta de parte de la institución.

No se trata de evasores, se trata de ciudadanos que buscan una segunda oportunidad porque en su momento la impredecible economía de trabajador independiente le impidió hacer sus pagos en el momento que debían, porque o comían, o pagaban la CCSS. Sin embargo, muchas personas que acudieron a hacer arreglos de pago y, en lugar de comprensión, recibieron condiciones que desconocen su realidad económica: cuotas que superan sus ingresos, sin margen para la subsistencia, y sin posibilidad de renegociar cuando las circunstancias se vuelven insostenibles, señaló Joseph Ugalde, vocero de la Asociación Borrón y Cuenta Nueva, conformado por trabajadores independientes de todos los niveles y estratos.

Hoy hacemos un llamado vehemente a la Junta Directiva de la CCSS y a las autoridades responsables de emitir este reglamento: ya es hora de actuar. Ya es hora de responder con humanidad y justicia social.

Las voces que participaron en la consulta pública son claras. Los tres puntos esenciales que debe incluir el reglamento —y que no admiten más dilación— son:

1. Una segunda oportunidad real de condonación para quienes, por causas ajenas a su voluntad o por errores institucionales, no pudieron acogerse al beneficio en el plazo inicial. Negarla es castigar al que intentó cumplir en condiciones adversas.

2. La suspensión automática de cuotas en casos de incapacidad, ya que el subsidio otorgado en esos períodos no cubre los compromisos de pago, dejando al asegurado en incumplimiento forzoso.

3. La aplicación del criterio jurídico del Colegio de Abogados y Abogadas, que sustenta que no deben cobrarse honorarios legales en deudas correspondientes a periodos ya prescritos.

No hay excusa moral ni técnica que justifique esta parálisis. Es urgente que la CCSS escuche, rectifique y actúe con el mismo rigor con el que históricamente ha exigido el cumplimiento.

Aún están a tiempo de hacer lo correcto. Pero el reloj avanza, y cada día de silencio institucional es un día más de angustia, injusticia y exclusión para miles de costarricenses que solo piden la oportunidad de volver a empezar.

Los grandes obstáculos

Funcionarios encargados de tramitar las solicitudes no aplicaron correctamente el procedimiento.

Se incluyeron montos por servicios médicos o periodos prescritos que no debieron formar parte del arreglo.

Ante la falta de estandarización por parte de la CCSS, muchos procesos fueron lentos, confusos e incluyeron cálculos inadecuados que provocaron que la deuda se volviera impagable para muchas personas que gestionaron su trámite.

Como resultado, miles de contribuyentes quedaron fuera del proceso de condonación, a pesar de haber acudido con la intención de cumplir. Hoy, el borrador del nuevo reglamento establece que quien perdió esa oportunidad, simplemente no tendrá una segunda oportunidad, pero la merece porque no son personas adineradas, sino personas sin salario fijo que se ganan la vida con esfuerzo.

“No puede negarse la posibilidad de regularizarse a quien tiene la intención de hacerlo”, señaló Joseph Ugalde, vocero de la Asociación Borrón y Cuenta Nueva, de trabajadores independientes.

Este es un llamado a la sensibilidad institucional. Negar esta segunda oportunidad es condenar al olvido a quienes sí quisieron cumplir. La deuda no es solo económica, también es moral: urge enmendar el daño que una mala implementación provocó en miles de hogares trabajadores.