El reciente anuncio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), solicitando a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) un aumento en las tarifas eléctricas de hasta un 37% a partir de enero de 2026, genera una profunda preocupación para familias y empresas en todo el país. 

La situación resulta aún más alarmante porque, mientras en los documentos oficiales se plantea un fuerte incremento, el propio presidente ejecutivo del ICE anuncia en medios de comunicación que las tarifas bajarán un 2,6% el próximo año. Esta contradicción expone a la ciudadanía a un doble discurso inaceptable que mina la confianza y genera incertidumbre en quienes mes a mes enfrentan la carga del recibo eléctrico. 

¿Qué está pasando? 

Según la justificación del ICE, se requieren más recursos para cubrir salarios, la contratación de 371 nuevas personas, el pago de deudas y el financiamiento de inversiones en la red. No obstante, esta explicación contrasta directamente con la promesa pública de una reducción tarifaria. 

Doble discurso. ¿debemos prepararnos para pagar más o podemos esperar un alivio en las tarifas? Esta falta de coherencia no solo afecta la confianza, sino que también pone en evidencia la necesidad urgente de transparencia y rendición de cuentas. 

¿Por qué es tan grave para las familias y empresas? 

En Costa Rica no existe la posibilidad de elegir proveedor de electricidad. El ICE sigue siendo el principal generador y el único dueño de las redes de transmisión. Esto significa que, a diferencia de otros servicios como la telefonía o el internet, no hay competencia ni alternativas. 

Exigimos a la ARESEP ejercer una vigilancia rigurosa y proactiva sobre cualquier solicitud de aumento tarifario. Cada propuesta debe ser revisada a fondo para descartar la posibilidad de que se estén encubriendo ineficiencias, gastos injustificados o decisiones administrativas que terminen cargándose al bolsillo de las familias costarricenses. 

Los ciudadanos merecen explicaciones claras, tarifas justas y un servicio eficiente. No más dobles discursos. No más decisiones opacas. La electricidad es un derecho esencial para la vida y para la competitividad nacional, y debe manejarse con transparencia, coherencia y responsabilidad. Manifestó Eli, candidato del PLP. 

La consecuencia es clara: 

Pagamos lo que se nos impone, aunque no estemos de acuerdo. No podemos comparar eficiencia ni precios, ni exigir mejoras reales. La falta de competencia reduce el incentivo para buscar eficiencia y mantener tarifas accesibles. 

Así, tanto hogares como negocios quedan en una posición de vulnerabilidad frente a un servicio esencial para la vida diaria y la competitividad del país. 

La apertura del mercado eléctrico: una salida necesaria 

La única forma de evitar abusos y romper con este círculo vicioso es abrir el mercado eléctrico. Tal como ocurrió con la telefonía, permitir que más empresas generen y vendan electricidad directamente a las personas usuarias traería tres beneficios inmediatos: 

Competencia real: obligaría a los proveedores a ofrecer mejores precios y servicios. 

Menos presión sobre las tarifas: los costos internos de salarios y deudas no se trasladarían automáticamente al consumidor. 

Mayor transparencia: las empresas tendrían que justificar sus precios o perderían clientela.

Costa Rica necesita urgentemente dar este paso. La electricidad es un pilar de nuestro desarrollo y no puede seguir en manos de un solo actor que decide cuánto pagamos sin opciones ni supervisión suficiente.