Gabriel Zamora Baudrit, Abogado Tributario y Candidato a la Segunda Vicepresidencia del Partido Liberal Progresista 

Las recientes declaraciones del viceministro de Hacienda, sumadas a las del ministro Nogui Acosta el año pasado, confirman que el tema de las exoneraciones fiscales en el régimen de zonas francas ha vuelto al debate público. Ambos funcionarios han señalado la necesidad de revisar los incentivos tributarios vigentes, mientras que distintos sectores productivos advierten sobre el impacto que tendría un cambio en las reglas del régimen. 

A esta discusión se unió la Contralora General de la República, Marta Acosta, quien el pasado 10 de octubre destacó la conveniencia de analizar nuevamente las exenciones otorgadas a las empresas bajo este modelo. Aunque la Contraloría es un órgano independiente, sus observaciones han generado inquietud en el sector exportador, que considera que el régimen ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento y la generación de empleo en el país. 

“El debate sobre las zonas francas debe abordarse con una visión técnica, no ideológica. Los países más competitivos, como Irlanda, Estonia o Singapur, han demostrado que reducir cargas fiscales y simplificar procesos no debilita la recaudación, sino que fortalece la inversión, la formalidad y el crecimiento económico,” señaló Gabriel Zamora Baudrit, abogado tributario y candidato a la segunda vicepresidencia del Partido Liberal Progresista. 

De acuerdo con cifras recientes, el régimen de zonas francas representa alrededor del 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 265 mil empleos directos e indirectos, consolidándose como una de las principales fuentes de atracción de inversión extranjera directa en el país. 

El análisis sobre una eventual modificación a estos incentivos se enmarca en la discusión sobre el equilibrio entre las necesidades de financiamiento público y la competitividad nacional, un tema que ha estado presente en diversos foros económicos durante los últimos meses. 

“Es fundamental garantizar estabilidad jurídica y promover condiciones que estimulen la inversión y la generación de empleo. No podemos seguir viendo al sector productivo como el enemigo a quien exprimir, sino como el aliado que impulsa el desarrollo nacional”, concluyó Zamora.