Especialista en finanzas señala que la regulación aprobada bajo el expediente 23.908 busca proteger al consumidor, pero también podría trasladar nuevos costos al sistema financiero.
La reciente aprobación en segundo debate del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 23.908, que obliga a los bancos a responder por fraudes electrónicos sufridos por sus clientes, abre un debate relevante sobre sus implicaciones económicas para el sistema financiero y para los propios usuarios.
Así lo advierte Malberth Cerdas Herrera, docente de Administración de Negocios y Economía de Universidad Fidélitas, quien señala que, aunque la normativa responde a una preocupación legítima por proteger a los consumidores frente al aumento de delitos digitales, también introduce nuevos riesgos operativos y legales para las entidades financieras que podrían reflejarse en el costo del crédito y de los servicios bancarios.
“El objetivo de proteger a los usuarios del sistema financiero es válido y necesario. Sin embargo, desde el punto de vista económico, toda regulación que introduce nuevas responsabilidades también introduce nuevos costos y esos costos suelen trasladarse al mercado”, explicó Cerdas.
La ley aprobada establece que las entidades financieras deberán responder por el dinero sustraído de las cuentas de sus clientes mediante fraudes electrónicos, incluso cuando el delito haya sido cometido por terceros. Además, modifica la carga de la prueba, pues ahora serán los bancos quienes deberán demostrar que actuaron correctamente ante un reclamo por estafa.
Para el economista, esta modificación cambia de manera significativa el marco de responsabilidad en el sistema financiero.
“Si los bancos pasan a asumir la responsabilidad por pérdidas ocasionadas por hackers, suplantaciones de identidad o engaños tecnológicos, en cierta forma empiezan a parecerse más a aseguradoras de fraude digital que a simples intermediarios financieros”, señaló.
Ante ese nuevo escenario, las entidades podrían verse obligadas a fortalecer sus sistemas de prevención, invertir más en tecnología de seguridad, aumentar reservas para eventuales reclamaciones e incluso contratar seguros especializados contra fraude electrónico.
Todas esas medidas, advierte el especialista, implican mayores costos de operación.
“La experiencia internacional muestra que cuando aumentan los costos regulatorios o los riesgos legales para los bancos, estos tienden a ajustarse de tres formas, ya sea, aumentando tasas de interés en los créditos, elevando comisiones o restringiendo la oferta de ciertos productos financieros”, indicó.
Por ello, Cerdas considera que el debate público sobre esta ley debe ir más allá de la intención de proteger al consumidor y analizar también sus efectos económicos de mediano plazo.
“Es posible que una parte de esos nuevos costos termine siendo asumida por los propios usuarios del sistema financiero, ya sea a través de servicios más caros o de condiciones de crédito más estrictas”, explicó.
El especialista aclara que el incremento de los delitos digitales exige fortalecer la seguridad del sistema financiero, pero plantea que el enfoque regulatorio podría complementarse con mecanismos que distribuyan mejor los riesgos.
Entre las alternativas que menciona se encuentra la creación de un protocolo nacional de prevención y respuesta ante fraudes electrónicos, que involucre a bancos, autoridades regulatorias y organismos judiciales. Este esquema podría incluir alertas tempranas, congelamiento inmediato de transacciones sospechosas y mecanismos ágiles para rastrear transferencias.
Otra opción sería establecer un fondo de compensación contra fraudes electrónicos, financiado por el sistema financiero, que permita apoyar a las víctimas sin que toda la responsabilidad recaiga sobre una sola entidad bancaria.
Finalmente, Cerdas subraya que la educación financiera y digital de los usuarios debe ser un componente central de cualquier política pública en esta materia.
“Hoy muchos fraudes no ocurren por fallas tecnológicas, sino por manipulación psicológica o ingeniería social. Por eso la prevención y la educación del usuario son tan importantes como la regulación”, afirmó.
A juicio del académico, el reto para los responsables de política pública es encontrar un equilibrio entre proteger a los clientes y mantener la sostenibilidad del sistema financiero.
“Una regulación bien diseñada debe reducir los incentivos al fraude y fortalecer la seguridad para los usuarios, pero también debe cuidar que los costos no terminen alejando a las personas del crédito y de los servicios financieros formales”, concluyó.
