El Partido Liberal Progresista (PLP) manifestó su preocupación ante los recientes llamados a declarar un estado de excepción como respuesta a la crisis de inseguridad que enfrenta el país, señalando que restringir derechos fundamentales no es una solución, sino un peligro y un retroceso democrático.
Tania Molina, candidata a la Vicepresidencia de la República y experta en seguridad ciudadana, explicó que un estado de excepción es un régimen jurídico extraordinario que solo debería aplicarse en contextos extremos como guerras, catástrofes naturales o graves alteraciones del orden público.
“Esta figura le otorga poderes especiales al Ejecutivo, permitiéndole suspender o limitar derechos como la libertad de tránsito, de reunión o la inviolabilidad del domicilio. Aunque se presenta como temporal, su uso político puede abrir la puerta a abusos y a la erosión de garantías constitucionales básicas. No podemos permitir que, por miedo, nos vuelvan a encerrar como en los días más duros de la pandemia.” Señaló.
Molina advirtió que apelando al miedo, algunos sectores promueven medidas que comprometen las libertades de todos los costarricenses. “Los problemas de violencia en Costa Rica se pueden resolver, pero requieren un Estado articulado, no un Estado autoritario.
Lo que hoy no existe y el continuismo no va a lograr, es coordinación real entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, agregó.
Para el PLP, la respuesta debe ser integral y sostenida, con una política pública de Estado que involucre prevención, justicia eficiente y trabajo conjunto con las comunidades.
La violencia no se detiene con decretos que suspenden derechos, sino con políticas inteligentes que devuelvan la confianza en las instituciones, fortalezcan a la policía y golpeen de verdad la economía del crimen organizado.
El partido reiteró su compromiso con la defensa de las libertades individuales y el fortalecimiento del Estado de Derecho como pilares para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país.
