• La protesta iniciará con una caravana desde el Gimnasio Nacional a las 7 y 30 de la mañana, que llegará hasta las instalaciones de la ARESEP en Santa Ana.
• ATRAE SOS denuncia nuevos cobros por unidad, cuestiona las metodologías de ARESEP y CTP y advierte que los costos podrían trasladarse a los usuarios.
San José, Ayer 9 de noviembre de 2026. La Asociación de Transportistas Especiales (ATRAE SOS) anunció una manifestación este martes 10 de noviembre, frente a las instalaciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en Santa Ana, como medida de protesta por los incrementos en los cánones que deben pagar los transportistas en el marchamo 2027. Según la organización, las disposiciones de ARESEP y del Consejo de Transporte Público (CTP) afectan a un sector que reúne aproximadamente 16.000 transportistas en las modalidades de transporte de estudiantes, trabajadores y turismo.
La movilización saldrá del Gimnasio Nacional a las 7 y 30 de la mañana y llegará a la ARESEP aproximadamente a las 8 am y podría afectar el traslado de estudiantes, tanto de centros educativos privados como de aquellos que utilizan servicios de transporte subsidiados por el Ministerio de Educación Pública (MEP). También podrían verse afectados los servicios de transporte de trabajadores y otras modalidades especiales.
Uno de los principales cuestionamientos de ATRAE SOS es la incorporación de un canon de regulación de ARESEP para los servicios de transporte especial, que representa un cobro adicional al que ya deben cancelar al Consejo de Transporte Público (CTP). Ambos cánones se cobran por cada unidad de transporte, lo que incrementa considerablemente los costos operativos de quienes brindan servicios de transporte de estudiantes, trabajadores y turismo. La asociación advierte que estos nuevos montos terminarán encareciendo las tarifas que pagan los usuarios.
En cuanto al canon nuevo impuesto por ARESEP, la tabla correspondiente al transporte de trabajadores establece un cobro individual de ₡79.060,92 para microbuses de hasta 20 pasajeros; ₡152.959,23 para busetas de 21 a 34 pasajeros; y ₡252.566,99 para autobuses de 35 pasajeros o más. Estos montos se aplican por cada vehículo, se trata de un cobro adicional en el marchamo y se suma al canon que ya deben pagar los transportistas al CTP, lo que representa una carga económica adicional para el sector.
En cuanto al CTP, la tabla de servicios especiales establece un canon anual de ₡103.574 para empresas con una unidad; ₡181.635 por unidad para las que tienen dos o tres; ₡271.482 por unidad para las que tienen entre cuatro y nueve; y ₡319.571 por unidad para las que superan las nueve unidades.
ATRAE SOS advierte que esta clasificación no necesariamente refleja la capacidad económica de los transportistas, pues contar con más unidades no garantiza mayores ingresos. A diferencia del transporte público de ruta regular, los servicios especiales operan con demanda variable: una unidad puede realizar varios recorridos en un día y permanecer inactiva al día siguiente.
Otro de los principales cuestionamientos se refiere a los transportistas independientes que poseen una sola unidad, pero trabajan mediante contratos de arrendamiento de permisos vinculados a empresas de mayor tamaño. Según la asociación, algunos están siendo clasificados en escalas superiores por el total de permisos de esas empresas, aunque individualmente operen un solo vehículo.
“Consideramos injusto que se impongan montos sin tomar en cuenta la realidad operativa y económica de nuestro sector. No es aceptable que un transportista con una sola unidad termine pagando como si tuviera una gran flotilla, ni que se castigue a las pequeñas y medianas empresas con cargas económicas que podrían comprometer su continuidad. Es fundamental que las autoridades escuchen a todos los sectores afectados”, manifestó Marcos Chaves, vicepresidente de ATRAE SOS.
La organización considera que los nuevos cánones se establecieron sin seguir los procedimientos correspondientes para la fijación de tarifas y la imposición de nuevos cobros. Además, señala que no se han dado a conocer los estudios técnicos que justifican los montos establecidos ni se ha garantizado la participación de todos los sectores afectados en su análisis. ATRAE SOS considera que no se pueden aplicar criterios indiscriminados a modalidades como el transporte de estudiantes, trabajadores y turismo, cuyas condiciones operativas y económicas son diferentes. Además, señala que las particularidades del transporte especial, como la variación de recorridos, horarios, demanda y condiciones de operación, no fueron debidamente consideradas al establecer los montos.
Asimismo, la asociación expresa la preocupación de que la reducción de la flota de taxis y la desaparición de rutas regulares de autobús estén generando presiones sobre el financiamiento de la regulación del transporte público. No obstante, solicita que las autoridades aclaren los criterios presupuestarios y técnicos empleados para determinar los nuevos montos.
El malestar por estos cobros se ha extendido a diferentes organizaciones del transporte especial, que también han expresado preocupación por las consecuencias económicas de estas disposiciones. “Estamos hablando de miles de transportistas que dependen de esta actividad para sostener a sus familias y sus empresas. La imposición de estos cánones representa una carga económica que amenaza la continuidad de nuestro trabajo. Por eso hemos decidido manifestarnos para visibilizar las consecuencias que estas disposiciones tienen sobre nuestro sector”, agregó Marcos Chaves.
ATRAE solicita a ARESEP y al CTP que dejen sin efecto los nuevos cobros cuestionados, transparenten los estudios técnicos utilizados para establecerlos y abran un espacio de diálogo con los sectores afectados, tomando en cuenta las condiciones particulares del transporte de estudiantes, trabajadores y turismo.
