Autor: Fabián Trejos Cascante, MSc. en Gestión y Políticas Públicas, Lic. en Economía y Gerente General de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO).
Cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha que nos reta a mirar más allá de los números y a preguntarnos si verdaderamente en Costa Rica el desarrollo nacional alcanza por igual a todas las personas. Es bien sabido que medir el crecimiento económico no garantiza el bienestar compartido.
Costa Rica debe detenerse a analizar y a atender temas como las desigualdades sociales, especialmente en el acceso a oportunidades educativas, laborales y la atención en salud. El desafío no solo es la recuperación económica, es convertirla en prosperidad inclusiva, con políticas que prioricen la inversión productiva y los encadenamientos locales dentro y fuera del Valle Central que alcancen a todas las comunidades.
Ante presupuestos limitados se hace urgente alcanzar resultados efectivos combinando las iniciativas y esfuerzos públicos y privados para impulsar la promoción del empleo formal, la educación de calidad, la conectividad tecnológica de vanguardia, entre otros. Son necesidades cruciales el poder alcanzar una verdadera equidad tributaria y sostenibilidad fiscal, una inversión social estratégica y efectiva y la lucha contra la inseguridad, la evasión fiscal y el cambio climático. Costa Rica requiere un trabajo consciente en el ordenamiento territorial y la transición energética, entre muchos esfuerzos para vivir sin desigualdades.
Las personas mayores representan un capítulo especialmente sensible de la justicia social pues hoy enfrentan una lucha silenciosa por la equidad social y la defensa efectiva de sus derechos humanos. El envejecimiento acelerado de la población ocurre en un contexto de pensiones insuficientes para enfrentar el costo de la vida; la existencia de barreras en el acceso oportuno a servicios de salud, la infraestructura inclusiva y la lucha contra el edadismo y la discriminación laboral.
La justicia social demanda políticas públicas que reconozcan a las personas adultas mayores como sujetos plenos de derechos, garantizando protección social sostenible, atención digna, participación social y mecanismos reales de inclusión y de prevención del abandono, del delito y de la violencia.
Costa Rica tiene los cimientos institucionales y el capital humano para avanzar, no obstante, la verdadera justicia social demanda decisiones valientes, políticas coherentes y un compromiso ético de todas las personas de no dejar a nadie atrás.
