Setiembre, 2026. Al pagar el recibo de la luz o calcular los costos de una pyme, pocos piensan en el entramado institucional que hay detrás. Sin embargo, la regulación económica de los servicios básicos determina directo cuánto dinero sale del bolsillo de la gente y qué tan atractiva es Costa Rica para la inversión. A tres décadas de la creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), el debate cobra vigencia inmediata.
Fijar tarifas no es un mero trámite. Entre la movilidad eléctrica, la digitalización y las energías limpias, la función reguladora no puede quedarse estancada. Detrás de cada cifra hay decisiones técnicas sobre qué inversiones reconocer y cómo repartir costos.
Si el cálculo falla, el impacto es doble: una tarifa desproporcionada golpea a los hogares, mientras que una tarifa baja por populismo ahoga a las empresas, deteriora la infraestructura y traslada la factura a las siguientes generaciones.
“Regular bien se nota en la calle. No se trata de buscar la tarifa más baja a cualquier costo, sino de que la gente pague un precio justo por un servicio que funcione, mientras la empresa mantiene el incentivo para operar e invertir”, señala William Villalobos, CEO de Core Alliance.
Para afrontar mercados en constante mutación, los especialistas coinciden en cuatro frentes que las autoridades no pueden perder de vista:
- Independencia real: La técnica debe estar blindada frente a presiones políticas o empresariales. “La independencia protege la función reguladora, no al regulador. Garantiza que el criterio técnico prevalezca sobre la conveniencia política del momento”, enfatiza Villalobos.
- Criterio antes que burocracia: Calidad regulatoria no es llenar de trámites el sector, sino intervenir solo cuando sea necesario y con la medida exacta.
- Sectores que se cruzan: Hoy las fronteras entre energía, telecomunicaciones, transporte y servicios digitales están difusas, lo que exige una visión transversal.
- Capacidad de anticipación: Poner las reglas del juego antes de que la velocidad de la innovación supere el marco legal.
El verdadero peligro en la transición energética y tecnológica no es solo equivocarse al regular, sino llegar tarde. Un marco claro y predecible reduce la incertidumbre y atrae capital de largo plazo.
“Los reguladores de hoy administran complejidad. El gran riesgo es dar respuestas viejas a problemas totalmente nuevos; en la práctica, eso es regular viendo solo por el espejo retrovisor”, concluye el especialista en regulación, gobernanza y políticas públicas.
Al cumplir 30 años de institucionalidad regulatoria, el reto de Costa Rica no es decidir qué más regular, sino garantizar que la labor se ejerza con independencia, rigor y la mirada puesta en el futuro.
