• Sector alerta que impedir reajustes de precios en contratos por suma alzada eleva el  riesgo para las constructoras y podría reducir la competencia en licitaciones  públicas 

San José, Costa Rica. La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)  advirtió que la interpretación que está realizando la Contraloría General de la  República (CGR) sobre el reconocimiento de reajustes de precios en contratos  de obra pública bajo la modalidad de suma alzada podría desincentivar la  participación de empresas en futuras licitaciones. 

La preocupación surge a raíz de una reciente resolución de la CGR sobre la  licitación para la construcción y equipamiento del nuevo Hospital de Limón. Al  resolver recursos de objeción presentados contra el cartel, la Contraloría ordenó  de oficio eliminar el mecanismo de reajuste de precios, al considerar que el  proyecto se cotiza integralmente bajo la modalidad de suma alzada. 

¿Qué significa esto en la práctica? Que si durante la ejecución de una obra  aumentan costos por circunstancias que no podían preverse al momento de  presentar la oferta —como variaciones provocadas por situaciones geopolíticas  o cambios importantes en la economía—, esos incrementos podrían quedar  exclusivamente a cargo del contratista.

En proyectos de infraestructura, en donde se oferta en un determinado momento  y la ejecución de las obras se comienzan varios años después, esas variaciones  pueden ser significativas e imposibles de anticipar. 

¿Cuál podría ser la consecuencia? Menos empresas dispuestas a participar en  licitaciones de obra pública, menor competencia y mayores dificultades para  que el Estado ejecute los proyectos de infraestructura que necesita el país. 

La preocupación no es menor. En abril de 2026, la licitación para la  construcción del Hospital de Limón Tony Facio fue declarada infructuosa y  desierta al no presentarse ofertas de empresas constructoras, ante la falta de un  mecanismo para reajustar los precios del proyecto. Así como también ha  sucedido con obras importantes como: 

• La remodelación y readecuación del servicio de hematooncología del Hospital Nacional de Niños 

• La ampliación y remodelación del servicio de emergencias neonatología • La construcción para la sucursal y centro de salud del INS en Puntarenas,  entre otros proyectos públicos. 

“Necesitamos condiciones que permitan que las empresas quieran participar en  la construcción de obra pública. Si se trasladan al contratista riesgos que son  difíciles de prever y dimensionar, existe el peligro de que las empresas decidan  no ofertar. Eso finalmente no afecta únicamente al sector construcción: afecta  al país y a la infraestructura que necesita”, señaló Alfredo Volio, presidente de  la Cámara Costarricense de la Construcción.

Para la CCC, el objetivo debe ser garantizar una distribución justa y equitativa  de los riesgos entre las partes, así como claridad y seguridad jurídica para las  empresas que participan en contratación pública. 

“Costa Rica necesita más empresas compitiendo por desarrollar infraestructura,  no menos. Una contratación pública que concentre riesgos difíciles de prever en  una de las partes puede terminar reduciendo la participación y retrasando las  obras que el país necesita”, agregó Volio. 

Cámara llama a abrir un espacio de diálogo con la Contraloría 

Ante esta situación, la Cámara Costarricense de la Construcción hace un  llamado respetuoso a la Contraloría General de la República para abrir un  espacio de diálogo técnico que permita analizar conjuntamente los alcances y  efectos de esta interpretación y procurar un entendimiento que brinde seguridad  jurídica, proteja el equilibrio económico de los contratos y, al mismo tiempo,  garantice el interés público. 

La CCC considera fundamental que este análisis permita encontrar soluciones  que no desincentiven la participación de empresas en los procesos de  contratación pública ni trasladen a una sola de las partes riesgos que, por su  naturaleza, resultan difíciles de prever al momento de presentar una oferta. 

Asimismo, la Cámara considera conveniente analizar posibles modificaciones  al Reglamento a la Ley General de Contratación Pública y al Reglamento de  Reajuste y Revisión de Precios, con miras a adecuarlos al principio  constitucional del mantenimiento del equilibrio económico de los contratos  públicos.

En este sentido, la CCC considera necesario establecer mecanismos de reajuste  automático de precios, sustentados en índices oficiales, que permitan reconocer  de manera objetiva las variaciones de costos durante la ejecución de las obras.  Esto evitaría que los contratistas tengan que recurrir a reclamos administrativos  para procurar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato,  procedimientos cuya resolución puede extenderse por plazos inciertos y  trasladar al contratista una carga financiera significativa mientras se resuelven. 

La construcción constituye un motor de inversión, empleo, competitividad y  desarrollo. Para avanzar con las obras que Costa Rica requiere, es indispensable  contar con reglas claras y condiciones que favorezcan una participación amplia  y competitiva del sector.