• La cobertura de los comedores escolares disminuye considerablemente durante las vacaciones, lo que genera preocupación ante una eventual reducción de 24 días del curso lectivo.

• Especialistas advierten sobre posibles implicaciones para la protección y el bienestar de niños y adolescentes, en un contexto en el que los resultados de las pruebas PISA reflejan importantes desafíos educativos para el país.

• Pequeños comercios, familias y servicios vinculados a la dinámica escolar también podrían verse afectados por una reducción del calendario lectivo, con posibles consecuencias económicas y laborales.

• Solo las empresas de transporte estudiantil estiman pérdidas de hasta ₡10 millones ante una eventual reducción del calendario escolar.

San José, octubre de 2026. Una eventual reducción del calendario lectivo de 200 a 176 días podría tener consecuencias que van mucho más allá de las aulas. La alimentación de miles de estudiantes, la protección de menores en situación de vulnerabilidad, la calidad educativa y la actividad económica de numerosos pequeños negocios son aspectos que deberían analizarse antes de adoptar una decisión de esta naturaleza.

Sodas escolares, pulperías, panaderías, fotocopiadoras y proveedores de alimentos forman parte de la actividad económica que se genera en torno a escuelas y colegios. A ellos se suman negocios como librerías, zapaterías y tiendas de uniformes, que también mantienen una relación comercial con las necesidades de la población estudiantil.

Dentro de las actividades económicas relacionadas con el sistema educativo también figura el transporte estudiantil. Según estimaciones preliminares de la Asociación de Transportistas ATRAE SOS, una reducción de 24 días de operación podría ocasionar pérdidas de hasta ₡10 millones para algunas empresas del sector, dependiendo de su tamaño y del número de unidades.

Esta Asociación advierte que cualquier modificación del calendario escolar requiere una valoración integral, considerando que las escuelas y los colegios no solo son espacios de aprendizaje, sino también lugares donde se brinda alimentación, acompañamiento y protección, y que, además, contribuyen a la actividad económica de las comunidades.

Uno de los principales aspectos que generan preocupación es la continuidad de los comedores escolares. Según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), durante el curso lectivo de 2025 el programa de alimentación beneficiaba a 789.160 estudiantes en 4.560 centros educativos. Sin embargo, para las vacaciones de medio año de ese mismo período, el Ministerio anunció la apertura de 226 comedores para atender a 15.876 estudiantes.

Aunque se trata de modalidades de atención diferentes y el MEP mantiene servicios de alimentación durante determinados períodos vacacionales, estas cifras evidencian una diferencia importante en la cobertura anunciada. Por ello, ATRAE considera necesario conocer qué medidas se implementarían para garantizar la continuidad de este apoyo en caso de que se concrete una reducción de 24 días de clases.

“Nuestra preocupación va más allá de un sector económico. Estamos hablando de una decisión que podría afectar a miles de familias y estudiantes. Antes de reducir el calendario, es necesario valorar todas las consecuencias, desde la educación y la alimentación hasta las oportunidades de trabajo que se generan alrededor de los centros educativos”, señaló Alexander Rojas, presidente de ATRAE.

Educación y protección de la niñez

Los resultados de las pruebas PISA 2022 evidencian los desafíos educativos del país: solo el 28% del estudiantado alcanzó el nivel básico en Matemáticas y el 47% en Lectura, lo que refuerza la necesidad de mejorar la calidad educativa y el aprovechamiento del tiempo en las aulas.

A ello se suma la función protectora de los centros educativos. Según el PANI, durante 2025 se recibieron 96.694 denuncias por presuntas vulneraciones de los derechos de menores de edad, lo que resalta la importancia de las escuelas y colegios en la detección de situaciones de riesgo.

“No podemos pensar en el calendario escolar como si las familias vivieran en las mismas condiciones de hace décadas. Hoy, muchas madres y padres trabajan fuera del hogar y deben buscar alternativas de cuidado. Además, para numerosos niños y adolescentes, las escuelas representan un espacio de seguridad y protección frente a situaciones de violencia, negligencia o abandono”, explicó Rocío Solís, especialista en niñez y adolescencia y exviceministra de Educación.

En cuanto al comercio y los servicios, aunque el impacto variaría según el tipo de negocio, una modificación del calendario podría afectar la planificación comercial, la demanda de determinados productos y los ingresos de establecimientos que dependen del movimiento cotidiano de estudiantes, docentes y familias.  

La Asociación de Transportistas ATRAE SOS señala que, aunque disminuyan los días de servicio, obligaciones como los salarios, las cargas sociales, el pago de préstamos por compra de unidades, los seguros, el mantenimiento de vehículos y otros gastos operativos se mantienen. Sin embargo, ATRAE insiste en que esta afectación debe entenderse como parte de un problema mucho más amplio, que involucra a distintos sectores productivos y, principalmente, a las familias costarricenses.

“Lo importante no es únicamente cuántos días aparecen en el calendario, sino cuánto aprenden realmente nuestros estudiantes. Costa Rica necesita fortalecer la calidad educativa sin perder de vista las consecuencias sociales y económicas que una reducción de las clases puede generar”, concluyó Alexander Rojas, presidente de ATRAE.