El abogado Wálter Brenes solicitó a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), suspender los trabajos que realiza la Municipalidad de Garabito, para la construcción de una acera contigua a la Ruta Nacional 34, en el área de Playa Hermosa, por no contar con los permisos necesarios.
Realizando la investigación para interponer una demanda y proteger a unos ancianos a los que el alcalde de Garabito Francisco González les quiere demoler la casa, el abogado Wálter Brenes se topó con una serie de irregularidades en la construcción de esa acera, de casi dos kilómetros de longitud, la cual se construye sin supervisión ni permisos de las autoridades, especialmente por tratarse de una ruta nacional.
Ante esas irregularidades, Wálter Brenes solicitó, este 14 de abril, al Viceministerio de Infraestructura así como el Director de Ingeniería de Tránsito, del MOPT, que se coordine la respectiva inspección del proyecto, con el fin de que se suspendan los trabajos, siendo que no se cuenta con los permisos ni habilitación legal correspondiente y sin que conste a la fecha la autorización legal para iniciar con las obras.
Lo anterior, dice Brenes, por cuanto dentro de las valoraciones realizadas por Diseño Vial, se señaló la necesidad de ejecutar un análisis a detalle a lo largo de la obra para corroborar los anchos reales del derecho de vía, dadas las reducciones existentes en algunos sectores. Asimismo, solicitó la intervención y aportes de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito para evaluar los espacios de parqueos propuestos y su interacción con los carriles de la ruta nacional.
Además, Brenes pidió a Francisco González, remitir copia del expediente relacionado al Proyecto de aceras contiguo a Ruta Nacional 34, que permita constatar la habilitación legal de las obras propuestas.
Para el caso de Playa Hermosa, no se ha aprobado ni se cuenta con plan regulador. Además, las manifestaciones del Alcalde Municipal constituyen una vía de hecho que conducirá a efectos lesivos y otros daños.
Con sus actuaciones, la municipalidad pretende desconocer su obligación de regirse bajo el principio de legalidad, amén de que no existe un acto administrativo formal que respalde las intervenciones y amenazas realizadas por el Alcalde, en transgresión del debido proceso y el derecho de defensa.
