El abogado y ambientalista Wálter Brenes presentó, en el Tribunal Penal de Cartago, una querella de acción privada por el delito de injurias y difamación, contra el influencer y creador de contenido Rubén David Rodríguez Pérez. Brenes también pretende una reparación económica por 20 millones de colones.

El 24 de setiembre Rubén Rodríguez difundió en Facebook, Instagram y TikTok un video refiriéndose a Wálter Brenes y a las acciones judiciales que Brenes promovió en defensa del Humedal Marino Playa Blanca, ubicado en Garabito, Puntarenas. Rodríguez también aseguró que Brenes estaba suspendido del ejercicio de su profesión, durante nueve meses, por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

En las publicaciones Rodríguez se refirió a Wálter Brenes y a su condición de abogado y formuló una serie de afirmaciones e insinuaciones que Brenes considera falsas, deshonrosas y objetivamente idóneas para afectar su reputación, así como la dignidad y el decoro tanto en el ámbito personal como profesional.

De acuerdo con las manifestaciones de Rodríguez en sus distintas plataformas, que alcanzan a miles de usuarios, Brenes está interesado en convertir Playa Blanca, en una especie de reserva y que se corte el ingreso a ese sitio para proteger un humedal que curiosamente “es el mismo Punta Leona”.

“Estas expresiones no constituyen una exposición objetiva del contenido del proceso judicial promovido por mí, sino que me presentan públicamente como un profesional que actuaría bajo una finalidad encubierta y contraria a los intereses de la población”, dice Brenes.

De acuerdo con la denuncia “resulta particularmente lesivo que Rodríguez utilice la expresión ‘está disfrazando’ para referirse a mi actuación profesional y que, inmediatamente después, me vincule con ‘otros interesados de Playa Blanca’, sin identificar quiénes serían esas personas ni aportar elemento alguno que sustente dicha insinuación. De esa manera, transmite a su audiencia la idea de que mi actuación judicial no respondería a los fundamentos ambientales y jurídicos públicamente expuestos, sino a intereses ocultos o particulares que deliberadamente estaría intentando encubrir bajo la apariencia de protección ambiental”.

Según la denuncia de Wálter Brenes, las afirmaciones de Rodríguez resultan especialmente graves por cuanto distorsionan sustancialmente la naturaleza y finalidad de las actuaciones judiciales que efectivamente promovió Brenes. Desde hace treinta y dos años, el Humedal Marino Playa Blanca carece de un Plan General de Manejo aprobado y vigente, pese a haber sido declarada área silvestre protegida mediante Decreto Ejecutivo número 23127-MIRENEM del 7 de abril de 1994 y encontrarse bajo administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La propia documentación administrativa incorporada a la medida cautelar confirma la inexistencia de dicho instrumento.

“La información verdadera sobre la finalidad y fundamento de mis actuaciones judiciales se encontraba —dice Brenes—, disponible públicamente al momento en que el querellado Rubén Rodríguez divulgó el video. Los medios de comunicación habían informado que la medida cautelar surgió ante la ausencia del Plan General de Manejo de un estudio de capacidad de carga y que lo pretendido era que las autoridades determinaran científicamente las condiciones, límites y modalidades de visitación compatibles con la conservación del ecosistema. En consecuencia, las afirmaciones que Rodríguez hizo ante sus miles de seguidores, no reflejan de manera fiel el objeto ni los fundamentos de las actuaciones judiciales promovidas por mí”.

Además, el 28 de setiembre Rodríguez afirmó en sus redes que Brenes se encuentra suspendido del ejercicio profesional por un período de nueve meses, utilizando para sustentar sus manifestaciones un documento que identifica como un acuerdo de la Junta Directiva del Colegio de Abogados.

De acuerdo con Brenes, las afirmaciones de Rubén Rodríguez respecto a su condición profesional son falsas. “No me encuentro suspendido del ejercicio de la abogacía, circunstancia que puede ser constatada mediante la consulta pública de agremiados disponible en el sitio web oficial del Colegio de Abogados, en la cual aparezco en condición activa y al día”.

“En vista de que los hechos querellados han producido un daño moral a quien suscribe Wálter Brenes Soto, en calidad de damnificado directo, se pretende una reparación económica a través de la acción civil resarcitoria por un monto prudencial por la suma de ¢20.000.000.00 (veinte millones de colones).