La Cámara advierte riesgos de inconstitucionalidad por la introducción de mecanismos de censura previa.
El exceso de controles limita la creatividad y la capacidad de innovación de un sector dinámico de la economía.

San José. 23 de abril 2026. La Cámara Comunidad de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica reitera su oposición al Proyecto de Ley N.° 24.554 (LEY QUE REGULA LA PUBLICIDAD DIRIGIDA A MENORES DE EDAD), al considerar que su texto sustitutivo mantiene un enfoque de control previo que resulta desproporcionado, inconstitucional en sus implicaciones y desconectado de la realidad actual de la comunicación comercial.
Comunidad reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como con la promoción de prácticas responsables y de auto regulación dentro de la industria publicitaria. No obstante, advierte que el proyecto insiste en exigir autorización previa estatal para la difusión de publicidad dirigida a personas menores de edad, con plazos que pueden alcanzar hasta quince días hábiles, lo que introduce barreras operativas significativas y es inviable en la dinámica propia de los entornos digitales.
Este modelo constituye, en la práctica, un mecanismo de censura previa incompatible con principios constitucionales, además de generar inseguridad jurídica al establecer definiciones poco claras y responsabilidades extendidas a múltiples actores de la cadena de comunicación. Asimismo, Comunidad advierte que varias de las conductas que el proyecto pretende regular ya se encuentran contempladas en la normativa vigente; esto deriva en duplicidad de regulaciones y mayor carga burocrática, que atentan contra la creatividad y capacidad de innovación de un sector dinámico de la economía.
«Este proyecto, tal como está planteado, no solo es de dudosa constitucionalidad: es inviable en la realidad de la comunicación de hoy. Someter cada pieza a un proceso de aprobación de quince días hábiles haría impracticable el trabajo de comunicar. La protección de la niñez merece un enfoque serio, no un esquema que terminaría paralizando al sector sin cumplir su objetivo.»
Andrés Martín, Presidente de Comunidad.
Adicionalmente, Comunidad expresa preocupación por la amplitud de ciertas prohibiciones y por la severidad e imprecisión de las sanciones previstas, que podrían impactar de forma desproporcionada a pequeñas y medianas empresas, así como a emprendimientos vinculados al ecosistema creativo y digital.
La Cámara enfatiza que la protección de las personas menores de edad requiere soluciones modernas, eficaces y proporcionadas. En ese sentido, reitera que el camino adecuado pasa por fortalecer la educación mediática, la autorregulación de la industria, la orientación a familias, la emisión de guías claras y la aplicación de sanciones posteriores en casos de incumplimiento, en lugar de recurrir a esquemas de autorización previa.
Finalmente, Comunidad hace un llamado a que, en caso de retomarse la discusión legislativa del expediente, se promueva un proceso de diálogo amplio y técnico con los sectores involucrados, a fin de construir una regulación equilibrada que proteja efectivamente a la niñez sin afectar la seguridad jurídica, la libertad de expresión comercial ni el desarrollo de la actividad económica en el país.





