San José, Costa Rica. 27 de abril, 2026. La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)  manifiesta su profunda preocupación y alerta sobre las consecuencias de las recientes  decisiones que suspenden los permisos de tala y construcción, que han sido obtenidos en  cumplimiento de la legislación vigente, en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. Esto por  cuanto sus efectos trascienden un proyecto específico y ponen en entredicho principios  fundamentales del Estado de Derecho. 

En este momento, trámites, permisos y autorizaciones que han sido otorgados conforme al  marco legal vigente, tras cumplir con procesos técnicos y administrativos rigurosos ante  múltiples instituciones del Estado, están siendo cuestionados. Este tipo de actuaciones  debilita gravemente la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, y genera un  precedente sumamente riesgoso para el país. 

La incertidumbre en la aplicación de las reglas del juego tiene consecuencias inmediatas:  deteriora la confianza en las instituciones, afecta la credibilidad del país como destino de  inversión y compromete seriamente el desarrollo de proyectos estratégicos para la economía  nacional. La inversión —nacional y extranjera— requiere certeza, previsibilidad y respeto a  los actos válidamente emitidos por la Administración Pública.  

Adicionalmente, estas medidas impactan directamente el empleo y el bienestar social. La  provincia de Guanacaste, donde se desarrolla el Polo Turístico Golfo de Papagayo, depende  en gran medida de la actividad turística y constructiva como motor de generación de empleo  formal. La paralización de proyectos compromete miles de empleos directos e indirectos,  golpeando particularmente a comunidades que ya enfrentan serios retos en desarrollo social. 

La CCC considera que la protección ambiental, es un objetivo legítimo y lo comparte, sin  embargo, éste debe alcanzarse mediante procesos institucionales sólidos, respetuosos del  debido proceso y de las competencias establecidas. Se debe tener absoluta claridad de que no  existe desarrollo sostenible sin seguridad jurídica. 

En este contexto, la CCC hace un llamado enérgico a los Poderes de la República para que  asuman su responsabilidad en la defensa del Estado de Derecho y del clima de inversión: 

• Al Poder Judicial, para que sus actuaciones resguarden la coherencia institucional, la  proporcionalidad, la certeza jurídica y la resolución pronta. 

• Al Poder Ejecutivo, para que brinde claridad, liderazgo y seguridad en la ejecución  de las políticas públicas que el propio Estado ha impulsado durante décadas. 

• Al Poder Legislativo, para que vele por marcos normativos claros, estables y  orientados al desarrollo sostenible del país.  

Costa Rica ha construido su reputación internacional sobre la base de la estabilidad  institucional y el respeto a la legalidad. Debilitar estos principios tiene un costo que como  Nación no podemos permitirnos. 

Reiteramos con firmeza: la seguridad jurídica no es negociable. Su debilitamiento  compromete el presente y el futuro del desarrollo socioeconómico, la generación de empleo  y el bienestar de la población. Hacemos un llamado urgente a retomar la senda de la certeza,  el respeto institucional, y a la necesidad de resolver las acciones judiciales pendientes en  plazos razonables. La dilación en la resolución de estos procesos constituye una vulneración  directa al derecho de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica de los administrados.