Autora: Andrea Dotta Brenes, Magister en Derechos Humanos y Educación para la Paz docente universitaria y coordinadora del Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social de AGECO.

En el marco del fenómeno mundial del envejecimiento poblacional, la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) enfatiza la necesidad de visibilizar y erradicar la violencia patrimonial como una amenaza directa a la autonomía y la dignidad de las personas adultas mayores.

El patrimonio de una persona comprende la totalidad de los bienes y artículos que le pertenecen: viviendas, propiedades, terrenos, salarios, pensiones, ahorros, herencias, vehículos, joyas, muebles, ropa, enseres e incluso objetos de valor afectivo como recuerdos y fotografías. Sobre cada uno de estos elementos, la persona mayor debe conservar pleno poder de decisión.

Cuando se despoja, limita, destruye, retiene o decide sobre dichos recursos sin el consentimiento de la persona mayor, esta acción es una clara situación de violencia patrimonial. Estas agresiones pueden manifestarse de manera deliberada, por ejemplo, cuando la persona perpetradora actúa de manera consciente para beneficiarse de un bien ajeno sabiendo que comete un delito, o bien, mediante limitaciones y retenciones impuestas bajo la premisa estereotipada de «cuidar o resguardar» el patrimonio.

Ambas formas constituyen graves violaciones a los derechos humanos que lesionan la integridad en todos los niveles, desde la restricción de la independencia hasta la pérdida de viviendas o vehículos.

Entre las prácticas más recurrentes se encuentran las firmas forzadas, los testamentos modificados bajo coacción, la disposición arbitraria de pertenencias o ropa, el uso de cuentas bancarias, el control indebido de transacciones y la revisión sin autorización de teléfonos celulares o estados financieros.

Ante esto, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece que la población mayor tiene derecho a la seguridad, a recibir un trato digno y a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia.

Esta problemática se refleja con claridad en la labor del Servicio de Orientación Socio Legal de AGECO. La violencia patrimonial se ubica entre las principales causas de consulta atendidas por la institución: entre enero y setiembre de 2026, la línea de orientación registró un total de 111 casos vinculados a este tipo de abuso.

Para salvaguardar el patrimonio y prevenir situaciones de abuso, AGECO brinda las siguientes recomendaciones prácticas a las personas adultas mayores:

• No firmar ningún documento sin leerlo detenidamente y solicitar aclaración de cualquier término confuso, acompañándose de personas de confianza si fuera necesario. Rechazar manipulaciones o cuestionamientos sobre sus decisiones financieras, inversiones o la elaboración de su testamento.
• No aceptar promesas verbales sobre sus bienes y exigir siempre documentos por escrito ante cualquier transacción.
• Reafirmar que la pensión y el manejo de los recursos son de su exclusiva propiedad, manifestando disconformidad ante la injerencia de terceros en sus planes futuros. Reservarse el derecho de usufructo vitalicio en caso de efectuar la transferencia de alguna propiedad, para asegurar el goce del bien durante toda la vida.
• Buscar asesoría legal en instancias neutrales en caso de duda sobre trámites patrimoniales.