La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo donde se ordenaba la cancelación de una concesión que ha venido operando de forma irregular e ilegal durante los últimos años en el río Naranjo, en Quepos.
De acuerdo con el abogado Wálter Brenes, una vez confirmada la cancelación ha estado a la expectativa de que la Dirección General de Geología y Minas, de alguna u otra manera, pueda atender los requerimientos que se hayan dado, pues ha venido dándose una operación completamente fuera de los normal, sin embargo, la mencionada entidad no lo ha hecho así.
Por lo anterior se presentó una denuncia penal donde, básicamente, se está responsabilizando a funcionarios de la Dirección General de Geología y Minas de no hacer absolutamente nada por detener la operación ilegal de extracción de materiales del Río Naranjo, en Quepos.
“Esperamos que en los próximos días, la Fiscalía Ambiental se pueda manifestar de alguna manera o, eventualmente, el Tribunal Contencioso Administrativo, puesto que existe una gestión de ejecución de la sentencia en la cual se ordena que, de una vez por todas, se detenga el uso insostenible del recurso piedra que ha venido siendo extraído por parte de esta compañía que opera ilegalmente en lo que fuera la concesión del Río Naranjo.
Antecedentes
En el 2018 le otorgaron una concesión a la empresa Los Manantiales del Pacífico N Y S S.A. por diez años, para la explotación de material en el cauce del Río Naranjo, en Quepos, sin embargo, desde el 2021 se presentaron múltiples denuncias formales ante la Dirección de Geología y Minas del Minae y la SETENA, señalando una serie de incumplimientos graves por parte de la concesionaria.
Estas denuncias fueron acompañadas por informes técnicos elaborados por especialistas en geología y medio ambiente los cuales evidenciaron, entre otras cosas, sobreexplotación del material; extracción irregular que ha causado erosión y cambios en la dinámica fluvial; exposición del basamento rocoso; construcción ilegal de edificaciones; presencia de un pozo ilegal así como afectaciones negativas en el ecosistema, en la biodiversidad y aumento de riesgo de inundaciones.
En abril del 2023 el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Dirección de Geología y Minas, inspeccionar cada cuatro meses y presentar informes detallados sobre el cumplimiento de las condiciones de la concesión y el estado del ecosistema e impartió instrucción para que se implementaran las correcciones necesarias.
A pesar de la orden judicial, los funcionarios de la Dirección de Geología y Minas omitieron sus responsabilidades de fiscalización, lo que permitió que se continuara con la explotación en condiciones irregulares, permitiendo que las condiciones ambientales del Río Naranjo se deterioren. Los hechos atribuidos a los funcionarios denunciados, configuran el delito de incumplimiento de deberes en detrimento de los deberes de la función pública, delincuencia prevista y sancionada en el artículo 339 del Código Penal vigente.
Ante esta situación, el abogado Wálter Brenes interpuso una Medida Cautelar y planteó una solicitud de modificación, la cual, se basa en lo dispuesto en sentencia No 2025002240 del 7 de marzo del 2025, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que canceló la concesión de explotación de cauce de dominio público sobre el Río Naranjo otorgada a Los Manantiales del Pacífico.
Como no se cumplió de inmediato con la sentencia, el 25 de marzo del 2025, Brenes solicitó ordenar la suspensión inmediata de las labores en el cauce de dominio público del río Naranjo, identificada bajo el expediente minero N°7-2016 y el expediente administrativo n.° D1-11591-2013-SETENA, a nombre de Los Manantiales del Pacífico N y S S.A.
Según Brenes, Los Manantiales del Pacífico, tenían una concesión sobre el Río Naranjo, que consistía en un área de extracción de materiales del río y un terreno adicional para la trituración, clasificación y almacenamiento del material. Además, la empresa incumplió el plan de explotación, al punto de causar daños ambientales en el río, causando la aparición del basamento, además, había sobre explotación del material. Ya desde noviembre del 2021, el abogado Brenes había solicitado a la Dirección de Geologías y Minas del Ministerio de Ambiente (MINAE) y al SETENA, cancelar la concesión y suspender las labores.
De acuerdo con la sentencia, en el caso particular, se dieron incumplimientos a las condiciones y términos de otorgamiento de la concesión a favor de la empresa Los Manantiales del Pacífico, siendo en consecuencia, responsable ambientalmente de la degradación ambiental de la zona de la concesión.
