Jueves 18 de setiembre. -La Municipalidad de Naranjo aclara, ante las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, que este gobierno local nunca se ha opuesto a otorgar la disponibilidad de agua para el proyecto habitacional La Esperanza, en San Miguel de Naranjo.
El mandatario ha dicho en diferentes oportunidades que esta municipalidad no ha querido conectar el suministro de agua potable al proyecto. El pasado miércoles en conferencia de prensa afirmó: “si no conectan de aquí al viernes (mañana) el AyA va a ir a conectar (el agua) con la Fuerza Pública. Y aun así vamos a iniciar un proceso para quitarle, de acuerdo a ley, la administración del acueducto a la municipalidad de Naranjo”.
Como parte de los antecedentes se indica que, el 21 de abril de 2021 el departamento de Acueducto Municipal brindó a este proyecto la disponibilidad de agua condicionada bajo el oficio DSPM-MM-DA-088-21. Sin embargo, en 2022 el alcalde de turno, Juan Luis Chaves Vargas, firmó un nuevo oficio (MN-DAM-0175-2022) en el cual otorgó la disponibilidad de agua, sin considerar los aspectos técnicos indicados por el Acueducto Municipal. La desarrolladora del proyecto logró realizar las construcciones gracias a dicho documento.
Sin embargo, el Consejo Municipal de ese momento solicitó a la alcaldía la contratación de una empresa para realizar un estudio de diseño de las redes de distribución de agua potable en la zona donde se ubica el proyecto, pero esa contratación no se logró ejecutar en la administración anterior.
Con la llegada del nuevo alcalde, Randall Vega Blanco, se le dio continuidad al proceso. El análisis técnico hecho por la empresa, indicó que, de acuerdo al crecimiento poblacional del acueducto de Naranjo centro, después de nueve años (a 2034) estaría en riesgo la continuidad, calidad y cantidad de agua para la población.
Además, se debe tomar en cuenta que la norma técnica para diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y pluvial del AyA exige que este tipo de proyectos de dotación de agua potable cuente con una garantía mínima (período de diseño) de 25 años.
Vale mencionar que la municipalidad ha hecho una inversión de ₡216 millones de colones para el mejoramiento de infraestructura en el sector, que fue otra de las recomendaciones de dicho estudio, pero se requiere destinar mucho más recurso económico (aproximadamente ₡550 millones) para realizar las obras de infraestructura y aumentar el caudal de ingreso al sistema, lo que aseguraría la continuidad, calidad y cantidad del líquido. Presupuesto que hoy no está en las arcas de la municipalidad.
Procesos legales
El alcalde, Randall Vega, indicó que siempre ha habido disposición de colaborarle a los posibles beneficiados del proyecto, pero que no se puede trabajar aislado a la legislación, por lo que desde la municipalidad se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda un proceso de lesividad y solicitud de medida cautelar.
“Ante la situación que se está dando, desde la municipalidad se presentó la petición de pronto despacho (prioridad). La intención es que desde el Tribunal Contencioso se resuelva el proceso de fondo y la solicitud de medida cautelar proceder como se nos indique”, manifestó el alcalde.
Agregó que también se está a la espera de la resolución que emita la Sala Constitucional, ante el recurso de Amparo interpuesto por el Banco Hipotecario de la Vivienda. “Si quiero dejar muy claro que seremos totalmente respetuosos de la resolución que brinden los jueces”, apuntó Vega.
De igual forma este gobierno local tiene conocimiento de que la conexión de agua no es la única necesidad del proyecto, ya que para la operatividad del mismo aún no cuentan con suministro de servicio eléctrico, las obras de evacuación pluvial no se han finalizado, además hay requerimientos pendientes ante bomberos y la planta de tratamiento aún no cuenta con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud.
La Municipalidad subraya que comparte la preocupación de las familias potenciales beneficiarias que esperan una solución habitacional; sin embargo, insiste en que esta demanda no puede atenderse a costa de poner en riesgo la continuidad, calidad y cantidad del servicio hídrico al resto de la comunidad (cerca de 12 mil habitantes usuarios del acueducto de Naranjo centro). Considera indispensable que el proceso avance con el debido sustento técnico y jurídico, para evitar consecuencias negativas en el corto y mediano plazo.
El gobierno local reafirma su autonomía y compromiso con los habitantes de Naranjo. Reitera que cada acción emprendida estará guiada por la responsabilidad de preservar el recurso hídrico para toda la ciudadanía, hoy y en el futuro.
