Incremento en precios se trasladan al bolsillo de pacientes
Medicamentos que hoy se pueden adquirir en farmacia, ahora requerirán consultas médicas previas
Multiplicación de consultas colapsaría atención de EBAIS
Además, el médico deberá violar el secreto con el paciente para emitir la receta digital
Hay una profunda preocupación de médicos y usuarios del sistema de salud por el impacto económico y operativo del decreto impulsado por la ministra de Salud, Mary Munive, que dificulta el acceso a medicamentos mediante la imposición de la receta digital obligatoria, según abordó detalladamente en un programa de radio el doctor Edgar Carrillo, médico especialista en gerencia de servicios de salud y formulación de políticas de salud.
La medida, presentada como un avance en modernización, en la práctica genera barreras de acceso a los medicamentos para los pacientes y además encarece su costo total. Esto sucede porque medicamentos como antivirales, antimicóticos y antiparasitarios que antes podían adquirirse en farmacia conforme a la normativa vigente, ahora el sistema obliga a las personas a pagar una consulta médica privada para obtener la receta, creando un costo adicional, o a recurrir a los EBAIS, saturando aún más un sistema de atención primaria que ya opera al límite.
Lo anterior se traduciría en más filas, periodos de espera más largos, más cargas de trabajo para los doctores y farmacias, y le generaría a la CCSS costos adicionales multimillonarios, al tener que atender en los EBAIS y dar los medicamentos a pacientes que previamente asumían un costo relativamente bajo por la medicina que requerían.
“Este decreto convierte una necesidad básica en un gasto adicional. A la gente se le está obligando a pagar una consulta médica para obtener medicamentos que antes podía adquirir sin ese requisito, o a abarrotar los EBAIS, afectando a quienes realmente requieren atención médica prioritaria”, señaló el doctor Carrillo en una entrevista en el programa radial Red Democrática.
Para peores, el mecanismo impuesto por Munive viola el derecho de los pacientes a reservarse su información personal, que por ley está protegido, ya que la forma en que se estableció no resguarda ni anonimiza los datos para proteger la identidad de las personas, ni tampoco solicita un consentimiento informado a los pacientes para usar esa información.
Este escenario podría significar que las personas dejen de tratar sus enfermedades con las consecuencias que podría traer para el paciente o bien que los médicos puedan sufrir demandas por parte de pacientes molestos porque sus datos privados fueron violentados, señaló el médico.
Impactos negativos. La aplicación de esta decisión genera impactos inmediatos y previsibles sobre los pacientes:
- Aumento del gasto de bolsillo. Cada receta implica ahora un costo adicional para las familias, en un contexto de alto costo de la vida y deterioro del poder adquisitivo.
- Mayor presión sobre los EBAIS. La obligación de consulta para trámites farmacológicos simples desviará citas, tiempo médico y recursos que deberían destinarse a enfermedades crónicas, controles y casos urgentes.
- Profundización de la desigualdad en el acceso a la salud. Quien puede pagar una consulta privada accede rápido. Quien no puede, queda atrapado en filas, listas de espera y retrasos en su tratamiento.
- Ausencia de planificación y transición. El decreto se emitió sin un análisis de impacto regulatorio, sin protocolos claros y sin una ruta de implementación gradualque proteja a las personas usuarias.
- Violación del derecho constitucional de los pacientes a resguardar su información médica.
La decisión del Ministerio de Salud, a cargo de Munive, evidencia una desconexión grave con la realidad cotidiana de la población. Imponer por decreto un cambio de esa naturaleza, constituye un acto de improvisación en política pública. Modernizar no es obligar a pagar más ni saturar servicios esenciales; gobernar de esta forma castiga a quienes menos tienen y debilita la confianza institucional.
“La receta digital no es el problema. El problema es cómo se impuso: sin escuchar, sin corregir errores evidentes y sin proteger a la ciudadanía. Esto no es una política de salud centrada en las personas, es una decisión administrativa mal diseñada”, agregó el Dr. Carrillo.
Además, la medida ignora la protección de la Constitución, algo que la Procuraduría General de la República evidenció y que el propio Colegio de Médicos fue el primero de denunciar, finalizó Carrillo.
