San José, Costa Rica. 27 de abril, 2026. La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) manifiesta su profunda preocupación y alerta sobre las consecuencias de las recientes decisiones que suspenden los permisos de tala y construcción, que han sido obtenidos en cumplimiento de la legislación vigente, en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. Esto por cuanto sus efectos trascienden un proyecto específico y ponen en entredicho principios fundamentales del Estado de Derecho.
En este momento, trámites, permisos y autorizaciones que han sido otorgados conforme al marco legal vigente, tras cumplir con procesos técnicos y administrativos rigurosos ante múltiples instituciones del Estado, están siendo cuestionados. Este tipo de actuaciones debilita gravemente la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, y genera un precedente sumamente riesgoso para el país.
La incertidumbre en la aplicación de las reglas del juego tiene consecuencias inmediatas: deteriora la confianza en las instituciones, afecta la credibilidad del país como destino de inversión y compromete seriamente el desarrollo de proyectos estratégicos para la economía nacional. La inversión —nacional y extranjera— requiere certeza, previsibilidad y respeto a los actos válidamente emitidos por la Administración Pública.
Adicionalmente, estas medidas impactan directamente el empleo y el bienestar social. La provincia de Guanacaste, donde se desarrolla el Polo Turístico Golfo de Papagayo, depende en gran medida de la actividad turística y constructiva como motor de generación de empleo formal. La paralización de proyectos compromete miles de empleos directos e indirectos, golpeando particularmente a comunidades que ya enfrentan serios retos en desarrollo social.
La CCC considera que la protección ambiental, es un objetivo legítimo y lo comparte, sin embargo, éste debe alcanzarse mediante procesos institucionales sólidos, respetuosos del debido proceso y de las competencias establecidas. Se debe tener absoluta claridad de que no existe desarrollo sostenible sin seguridad jurídica.
En este contexto, la CCC hace un llamado enérgico a los Poderes de la República para que asuman su responsabilidad en la defensa del Estado de Derecho y del clima de inversión:
• Al Poder Judicial, para que sus actuaciones resguarden la coherencia institucional, la proporcionalidad, la certeza jurídica y la resolución pronta.
• Al Poder Ejecutivo, para que brinde claridad, liderazgo y seguridad en la ejecución de las políticas públicas que el propio Estado ha impulsado durante décadas.
• Al Poder Legislativo, para que vele por marcos normativos claros, estables y orientados al desarrollo sostenible del país.
Costa Rica ha construido su reputación internacional sobre la base de la estabilidad institucional y el respeto a la legalidad. Debilitar estos principios tiene un costo que como Nación no podemos permitirnos.
Reiteramos con firmeza: la seguridad jurídica no es negociable. Su debilitamiento compromete el presente y el futuro del desarrollo socioeconómico, la generación de empleo y el bienestar de la población. Hacemos un llamado urgente a retomar la senda de la certeza, el respeto institucional, y a la necesidad de resolver las acciones judiciales pendientes en plazos razonables. La dilación en la resolución de estos procesos constituye una vulneración directa al derecho de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica de los administrados.
