Autora: Andrea Monge García, Licda. en Trabajo Social, docente universitaria y gestora del Programa de Incidencia y Vigilancia de Derechos de la Asociación GerontolgóAGECO.

56 % de las personas de 65 años y más (306 551 personas) no es beneficiaria de ningún régimen de pensión obligatorio (Universidad de Costa Rica, 2023). Por pobreza se comprende no tener las condiciones materiales o ingresos que permitan a las personas subsanar sus necesidades más elementales.

Esta situación es una realidad que aqueja, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2024), al 26,6% de las personas de más de 65 años, lo cual se expresa en ingresos insuficientes, redes de apoyo débiles y en diversas ocasiones sin una respuesta de parte del Estado u otras alternativas, pese a la existencia de un respaldo jurídico que promueve la dignidad de las personas.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores reconoce que existe la necesidad de “abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las (…) contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común (…) y a la erradicación de la pobreza” (OEA, 2015, p. 2).

Lo cierto es que quienes envejecen o viven la vejez en condiciones de pobreza enfrentan una cadena de exclusiones: tienen menos acceso a servicios de salud, alimentación adecuada, tecnología, vivienda segura y espacios de participación. Esto impacta directamente su bienestar físico y emocional.

Es contundente que no se puede hablar de envejecimiento digno y activo cuando se sobrevive en pobreza, aislamiento o carencias, puesto que los pilares básicos para envejecer de forma saludable son: salud, seguridad, aprendizaje y participación.

Existen diversos programas a los cuales las personas pueden acceder para atender esta situación; por ejemplo: acciones del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), acciones o servicios de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Mayores.

En la sociedad civil hay programas como Clubes de Leones, Clubes Rotarios y Pastorales Sociales de Iglesias que pretenden subsanar necesidades básicas y urgentes.

Ante esto es importante aclarar que, la cobertura sigue siendo limitada y los recursos insuficientes para la alta demanda; asimismo cada institución, organización o empresa puede particularizar los requisitos para la obtención de subsidios.

Sumado a esto, es fundamental que estas políticas atiendan la asistencia económica y la diversidad de condiciones y necesidades de las personas mayores. Las acciones deseablemente deben incluir el acceso oportuno y universal a la salud, viviendas adecuadas, programas de alfabetización digital, acompañamiento comunitario, espacios de participación y promoción de la autonomía.

Todo ello, además, desde una perspectiva interseccional que reconozca que no todas las personas mayores enfrentan las mismas barreras: el género, el territorio, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género, entre otros factores que profundizan la exclusión.

El compromiso con los derechos humanos exige actuar ante esta problemática multicausal y que genera efectos en la vida de las personas, procurando que nadie se quede atrás.

Desde la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) se mantiene un compromiso de más de 45 años de servicio en labores como capacitación en materia de Derechos Humanos a la población mayor, y creando oportunidades de participación para vivir con protagonismo el proceso de envejecimiento y la etapa de vejez por medio de experiencias personales y sociales.