Construcciones continúan en proyecto en Nosara pese a órdenes de clausura

Construcciones continúan en proyecto en Nosara pese a órdenes de clausura

· Instrucciones municipales no se ejecutan, ni se cumplen

Nosara, Guanacaste – Abril del 2026 – A pesar de la existencia de órdenes de clausura emitidas por la Municipalidad de Nicoya, un desarrollo inmobiliario en la zona de Nosara, conocido como Mar Azul, continúa avanzando sin que dichas disposiciones se ejecuten, según información recabada por distintas fuentes vinculadas al sector.

La situación ha encendido alertas entre residentes, especialistas y actores del ámbito inmobiliario, quienes cuestionan la falta de acción oportuna y previa por parte de la Municipalidad correspondiente en este caso específico, en un contexto donde el crecimiento urbanístico se acelera en una de las zonas más sensibles del país desde el punto de vista ambiental y regulatorio.

De acuerdo con la información disponible, algunas construcciones del proyecto inmobiliario Condominio Mar Azul deberían encontrarse clausuradas por parte de la Municipalidad de Nicoya. No obstante, las obras no se han detenido, sino que continúan su desarrollo de manera visible, según consta en videos compartidos por diversas fuentes. Situación que la Municipalidad conoce pero no ha intervenido, a pesar del peligro que surge al demorar la acciones.

Según el Oficio No. DPUD – 26 – 2026, de la Dirección de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Nicoya, del 7 de abril del 2026, se instruye al coordinador de Control Constructivo y Obra Pública de la misma municipalidad, César Espinoza, notificar al representante legal del proyecto sobre la orden de clausura y requerir acceso al inmueble para una inspección, que previamente no pudo hacerse.

Adicionalmente, en esta instrucción se solicita coordinar con instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la autoridad en materia de recurso hídrico, a fin de verificar las condiciones reales de abastecimiento del proyecto.

De acuerdo con fuentes consultadas, el ICE no ha recibido el proyecto, por lo que las casas que se construyeron sin permiso se abastecen de electricidad de forma irregular. Presuntamente el servicio de electricidad de este Condominio Mar Azul proviene de un solo medidor eléctrico que se alega abastece también a otros negocios y proyectos del desarrollador.

Situación similar sucede con el agua, siendo que el pozo utilizado para aprobar el proyecto no se encuentra en uso y no consta en los expedientes municipales otra fuente aprobada por el Acueductos y Alcantarillados (AyA) para abastecer de agua el condominio.

Lo anterior es especialmente delicado siendo que en Nosara son constantes los cortes de luz, situación que podría estar siendo generada o al menos agravada por la recurrencia de conexiones irregulares a la matriz que agregan una carga mayor a la planificada. El pueblo entero sufre por el abuso sin sanción que explotan algunos.

De forma similar, partes de la comunidad de Nosara tienen más de dos años bajo una moratoria impuesta por el AyA para nuevas conexiones, por lo que debería requerirse un especial cuidado y atención de la Municipalidad y otras autoridades cuando se conocen situaciones de explotación irregular de este esencial recurso.

Lo preocupante de toda esta situación no es solo el posible incumplimiento, sino la ausencia de ejecución de medidas por parte de las autoridades competentes. Se estima que existe un acumulado de más de un año de denuncias en contra del proyecto en distintas materias todavía sin resolver. Esto genera un mensaje de permisividad muy delicado.

El caso pone sobre la mesa cuestionamientos más amplios sobre la capacidad institucional para fiscalizar el desarrollo de ciertos proyectos específicos. Además, se advierte que este tipo de situaciones podría afectar directamente a compradores que han adquirido propiedades bajo esquemas de preventa, confiando en que los proyectos cumplirían con todos los requisitos legales y técnicos necesarios.

Expertos coinciden en que la falta de ejecución de órdenes de clausura no solo debilita el Estado de derecho en materia urbanística, sino que también representa un riesgo reputacional para Costa Rica, país que ha basado su posicionamiento internacional en la sostenibilidad y el respeto a la normativa ambiental.

Mientras tanto, crece la expectativa sobre si las autoridades municipales tomarán acciones concretas para hacer cumplir las disposiciones emitidas, o si la situación continuará escalando sin una intervención efectiva.

Scroll al inicio