Adelina Villalobos 

Socia BLP

Históricamente, la propuesta de valor de Costa Rica para el mundo ha sido clara: estabilidad política, talento humano calificado y una ubicación estratégica. Sin embargo, en el actual entorno global, ser un destino «estable» ya no es suficiente. Hoy, la agilidad operativa es la moneda de cambio de la inversión extranjera directa (IED). Mientras el país intenta resolver sus grandes deudas estructurales —infraestructura, costo de operación y brecha de talento, está surgiendo un frente silencioso que amenaza con frenar nuestro dinamismo: la hiperregulación de los micro-detalles.

Recientemente, la reforma a la Ley No. 10840 (Ley para la armonización del Código de Comercio) ha introducido un cambio que, aunque parezca puramente técnico, es un síntoma de un problema mayor. Al exigir que la participación en asambleas de accionistas se acredite mediante poderes formales (especial, general o generalísimo), se ha eliminado la flexibilidad de las cartas poder, optando por una rigidez que choca frontalmente con la dinámica de los negocios modernos.

Para una corporación multinacional con accionistas en distintas latitudes, esto no es un «trámite más», es una cadena de gastos adicionales, procesos notariales y apostillas que generan retrasos innecesarios en la toma de decisiones. Este exceso de formalismo no es un evento aislado, se suma a una tendencia de endurecimiento de requisitos que complica la operatividad de las empresas:

• Registro de beneficiarios finales: contamos con uno de los sistemas más complejos y onerosos del mundo, lo que representa una barrera de entrada y mantenimiento para sociedades extranjeras.
• Restricciones de identidad: la limitación para elegir una razón social tradicional en las sociedades, añade capas de complejidad innecesaria en los grupos de interés económico de las transnacionales.

La suma de estos factores transmite un mensaje contradictorio: invitamos al mundo a invertir, pero le ofrecemos un laberinto burocrático para operar. La competitividad no solo se mide en grandes obras viales o en tratados de libre comercio; se mide en la facilidad con la que una empresa puede realizar sus trámites y operaciones en el día a día.

Es imperativo que el proceso legislativo y regulatorio se nutra de la realidad del sector empresarial y legal antes de implementar reformas que generen daños de difícil reparación en nuestro clima de negocios.

Como país, necesitamos recuperar la dirección, pues no podemos olvidar que la verdadera competitividad se construye en dos vías: resolviendo las deudas históricas en temas como talento, costos e infraestructura, pero también asegurando, con la misma energía, que los detalles del día a día legal no se conviertan en un gravamen  que termine por expulsar la inversión. Solo así podremos asegurar que el país siga siendo el destino preferido de las empresas que buscan no solo estabilidad, sino también la agilidad necesaria para competir en la era de la automatización.