• Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de  Goicoechea acoge segunda medida cautelar contra Municipalidad de Garabito.

Punta Leona Beach Club & Nature Resort reitera su interés de resolver el diferendo que  mantiene con la Municipalidad de Garabito ante los Tribunales de Justicia, en total  apego al ordenamiento jurídico nacional. 

Esta mañana el alcalde de Garabito se presentó en propiedades privadas de Punta  Leona y de terceras personas, y fue recibido por funcionarios de la empresa, quienes  en todo momento le reiteraron que Playa Blanca es pública. 

En este encuentro, un notario público puso en conocimiento al alcalde de ambas  medidas cautelares provisionalísimas ordenadas por el Tribunal Contencioso  Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea.  

La primera medida cautelar ordena a la Municipalidad de Garabito abstenerse de  realizar cualquier conducta material tendiente al derribo de la aguja que se localiza en  la entrada de la propiedad privada matrícula 6-25531-000, lugar preciso donde se  encontraban, y a la apertura de cualquier camino. 

La segunda medida cautelar otorgada a favor de Punta Leona Beach Club & Nature  Resort, Real de Punta Leona y Leona Logistics ordena a la Municipalidad de Garabito, en la persona del Alcalde Municipal suspender cualquier actuación material -vías de  hecho-, tendiente a demoler estructuras y apertura de camino en una propiedad  privada, que cumple con normativa legal relativa al desarrollo turístico en dicha zona. 

Asimismo, hoy por la mañana la empresa Real de Punta Leona presentó ante la Fiscalía  de Garabito una denuncia penal contra el alcalde de Garabito, por el presunto delito de  abuso de autoridad, por los hechos acaecidos el pasado 02 de julio junto con una solicitud de medidas cautelares provisionalísimas en contra del alcalde. 

El alcalde ha dado informaciones que no son veraces. La empresa ha señalado en múltiples ocasiones que Playa Blanca es pública, existe acceso público y no se está  impidiendo el sano disfrute hacia la playa. Además, el alcalde ha realizado  manifestaciones dispersas y erráticas con amenazas que son abiertamente ilegales  por no seguirse los canales legales apropiados a través de procedimientos administrativos. A la fecha, la alcaldía municipal no ha notificado ni un solo acto  administrativo ni traslado de cargo, ni ninguna resolución administrativa, todas sus  actuaciones han sido de hecho y sus comunicaciones verbales. 

Conforme a los artículos 45 de la Constitución Política, 264 y 295 del Código Civil, con  esta medida se permite a Punta Leona y demás propietarios, mantener asegurada su  propiedad, siempre dentro de los parámetros de la ley. 

Además, las instalaciones que el alcalde pretende demoler por regulación de la Ley  sobre la Zona Marítimo Terrestre, están a derecho porque las propiedades donde se  ubica Punta Leona Beach Club & Nature Resort se inscribieron antes de la vigencia de  esta ley y, por tanto, sus disposiciones no son aplicables a propiedades inscritas con  anterioridad. 

A pesar de haber sido puesto en conocimiento de las medidas cautelares, el alcalde  ingresó en propiedades privadas de la empresa y de terceros. La compañía estará valorando en los próximos días las acciones legales que tomará por estos hechos.  

La Constitución Política de Costa Rica establece el principio de inviolabilidad de la  propiedad privada y una prohibición de la aplicación retroactiva de la ley. 

La empresa ratifica su compromiso con el ordenamiento jurídico y será respetuosa de  las decisiones judiciales que adopten los tribunales.