• Detrás de la propaganda electoral hay decisiones financieras que impactan la transparencia y la confianza ciudadana.

San José, Costa Rica. Detrás de cada valla publicitaria, anuncio en redes sociales o gira política, existe una pregunta que rara vez se responde con claridad: ¿cuánto cuesta una campaña política y cómo se administra ese dinero?

Desde la Contaduría Pública y las Finanzas, el análisis de una campaña electoral no se limita a sumar gastos visibles. Implica identificar y clasificar de manera rigurosa los costos directos e indirectos, que incluyen publicidad, comunicación, logística, operación general y administración. Estos gastos deben distinguirse entre administrativos y operativos, así como reconocer inversiones temporales que se generan durante el proceso electoral.

Más allá del monto total, el elemento clave es el principio de razonabilidad del gasto: gastar lo necesario, ni más ni menos. Evaluar la relación costo–beneficio de cada erogación permite comparar campañas similares y valorar si los recursos se están utilizando de forma eficiente y responsable.

El financiamiento de las campañas constituye uno de los aspectos más sensibles del proceso democrático. Por ello, resulta fundamental diferenciar con claridad las fuentes de financiamiento público, especialmente las relacionadas con la deuda política, y las fuentes privadas, limitadas exclusivamente a donaciones legalmente permitidas. Una gestión financiera adecuada debe garantizar la trazabilidad completa de los recursos, desde su origen hasta su aplicación final.

Esta trazabilidad no es un concepto abstracto: implica registros contables claros, definición precisa del destino de los fondos y la elaboración oportuna de informes financieros conforme a la normativa vigente. Asimismo, la administración financiera de una campaña debe identificar y evaluar los riesgos financieros asociados, evitando prácticas que comprometan la transparencia o el cumplimiento legal.

Durante todo el proceso electoral, resulta indispensable realizar un seguimiento permanente de los ingresos, los gastos y el flujo de efectivo. Esta evaluación continua permite asegurar una gestión ordenada, verificable y sujeta a fiscalización.

La rendición de cuentas es el punto de encuentro entre la técnica contable y la ciudadanía, la información financiera debe presentarse con claridad y en un lenguaje accesible, sin perder el rigor profesional. Cuando los datos son comprensibles, oportunos y confiables, se fortalece la confianza pública y se facilita el control social e institucional.

“Desde la Contaduría Pública insistimos en que la eficiencia del gasto, la trazabilidad de los recursos y la rendición de cuentas clara deben ser prácticas permanentes en las campañas políticas, más allá del cumplimiento mínimo que exige la ley”, indicó Tairy Piedra Zúñiga Directora de la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad San Marco (USAM).

Analizar el costo de una campaña política desde la Contaduría y las Finanzas no busca influir en la decisión del voto. Su objetivo es explicar, de manera objetiva, cómo se administran los recursos, cómo se controlan y cómo se fiscalizan.

En este contexto, la transparencia no es un discurso ni una promesa electoral. Es el resultado de un proceso contable sólido, ético y correctamente ejecutado, que contribuye a la confianza ciudadana y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.