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El pasado viernes 7 de junio, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, declaró parcialmente con lugar la medida cautelar solicitada por el abogado ambientalista Wálter Brenes y ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SETENA) y al Estado, paralizar las obras en el Condominio Residencial Vista Islas, en Manuel Antonio, por considerarse que se están realizando actividades en una zona considerada como bosque, con un alto impacto y fragilidad ambiental y adicionalmente, se ordena rendir en el plazo máximo de un mes, un estudio a efecto de determinar el impacto ambiental causado en la zona de interés.
Desde hace varios años se viene hablando de la polémica construcción de una torre de apartamentos, restaurante y club en los bosques de Manuel Antonio que afectaría la vista panorámica y pondría en riesgo la vida de varias especies en peligro de extinción del Corredor Biológico de Aguirre. considerado de vital importancia en los ecosistemas de esta zona, incluyendo al Parque Nacional Manuel Antonio.
Casi 25 mil ticos han firmado, desde junio del año pasado, una petición para que la empresa denominada Islas de Manuel Antonio, detenga esas obras. Existen varias órdenes emitidas por el SINAC para que se paralice la construcción, pero los trabajos continúan. Las obras en cuestión también implicarían la tala de árboles en una zona protegida.
“El proceso de construcción por sí solo causará un daño inmenso al ecosistema, incluida la erosión del suelo y la destrucción del hábitat de muchos animales. Además, este desarrollo tendrá graves consecuencias para las comunidades locales que dependen del ecoturismo como su principal fuente de ingresos. La pérdida de un atractivo natural tan importante conducirá al declive económico y la pérdida de puestos de trabajo en la región”, indica la petición impulsada por la Fundación Corcovado.
La sospecha es que el cambio de uso de suelo se materializó a través del aprovechamiento forestal ilegal de la cobertura boscosa que hay en el lugar, por esta razón, se abrió una causa por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, cambio de uso de suelo, infracción a la Ley Forestal e infracción a la Ley de Aguas.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación define un corredor biológico como un territorio continental, marino-costero e insular delimitado cuyo fin es conectar áreas silvestres protegidas y paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, sean rurales o urbanos. Lo anterior con el fin de asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos. Costa Rica tiene 44 corredores biológicos; es decir, cerca del 33% del territorio continental.
Sobre este tema, Wálter Brenes tiene presentadas, a título personal, varias acciones judiciales. Brenes es abogado litigante, especialista en Derecho Público y en Derecho Ambiental, con amplia experiencia en la dirección de Procesos Judiciales en materia ambiental. También es activista en asuntos relacionados con la conservación de la naturaleza.
