Alex Murillo I Nota de Prensa l redaccion@laesquina506.com
La Asociación Costarricense de Microfinanzas (ASOCOMI), ve con preocupación las conclusiones compartidas por el Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), en cuanto a los supuestos efectos positivos emanados de la entrada en vigencia de la llamada Ley contra la Usura Crediticia.
Desde la Asociación afirmar que las tasas de intereses para créditos personales han hecho más asequible el crédito a los consumidores no es correcto. Las personas que antes de la ley podían tener acceso a un préstamo personal son en su mayoría las mismas que ahora lo tienen, el verdadero problema está en aquellas que antes se financiaban sus necesidades con microcréditos y que ahora tampoco tendrán acceso a ellos.
“Esas personas que ahora están excluidas siguen sin tener acceso a préstamos de entidades bancarias por su perfil y tipo de negocio a que tienen apetito esas entidades. Igualmente, esos préstamos personales de gente que ya estaba en el sistema, pos ley, ya no les prestan a tasas bajas como antes, ahora los bancos prestan a tasas máximas de usura, pues necesitan recuperar parte del volumen de préstamos que se les cayó a raíz de la ley. Igualmente, en los casos en que el costo ha disminuido ha sido porque la estimación para incobrables (principal factor de costo) se ha ajustado de acuerdo a las políticas de «apetito de riesgo» de cada entidad, lo que ha implicado una tasa mayor de rechazo, lo que nos lleva a la exclusión”, Mónica Navarro, Vicepresidenta Ejecutiva de ASOCOMI.
Todas estas poblaciones que han sido excluidas tienen en común que son sumamente vulnerables y que dependen en alguna medida de acceso a crédito para poder ejecutar planes de inversión, donde no tienen la capacidad de ahorro pues viven con gastos justos. El microcrédito es la herramienta que les habilita realizar inversiones pues se ve como una forma de tener un pago mensual que de otra manera no podrían.
Monica Navarro, Vicepresidenta Ejecutiva de ASOCOMI, insiste en que se debe trabajar una verdadera regulación para las microfinanzas, en donde se emita normativa que sea adecuada al negocio del microcrédito, sus condiciones particulares y nivel de riesgo. El poner topes sin criterios técnicos y satanizando la función del microcrédito ha sido irresponsable y más que ayudar a la población, ha producido un decrecimiento del ofrecimiento de microcréditos, una reducción de las empresas que los ofrecen y lo más grave aún, la exclusión de las poblaciones más sensibles como lo son:
- Las mujeres jefas de hogar.
- Las personas que no son bancarizables por su nivel de ingresos o que no tienen historial crediticio.
- Adultos mayores.
- Jóvenes que apenas van a tener su primer experiencia con un crédito.
- Además, todos aquellos que se encuentran en estados de vulnerabilidad social y económica, como lo son en su mayoría, los trabajadores de las zonas rurales y fronteriza.
