Opinión | Jesús Blanco
Vivimos tiempos en los que lo religioso abunda, pero la conversión parece escasear. Hay templos llenos, procesiones multitudinarias y publicaciones bíblicas en redes sociales… y, sin embargo, también se perciben corazones cerrados, divisiones y una fe que, en ocasiones, podría quedarse en la apariencia.
En ese contexto, surgen preguntas inevitables. ¿Cómo se están manejando, desde las más altas autoridades eclesiásticas, las denuncias relacionadas con presuntos casos de violaciones, acosos sexuales e incluso situaciones laborales dentro de la Iglesia? ¿Qué protocolos se aplican? ¿Se actúa con la celeridad que la gravedad de estos señalamientos amerita?
En San Rafael Abajo de Desamparados, en la parroquia Inmaculado Corazón de María, trascendió que el año pasado se habrían presentado denuncias contra el entonces párroco, José Rafael Hernández Vega. Según versiones que circularon en la comunidad, existirían cuestionamientos sobre su vida personal, incluyendo la presunta existencia de hijos reconocidos legalmente. De ser ciertos estos señalamientos, muchos fieles se preguntan cómo pudo mantenerse durante tantos años en funciones sacerdotales sin que, aparentemente, se tomaran decisiones más contundentes.
También han surgido interrogantes sobre la administración parroquial durante su permanencia. Se comenta que, tras su salida, el nuevo párroco habría encontrado la casa cural en condiciones muy deterioradas, que no aparecerían contratos relacionados con una construcción realizada bajo la administración anterior y que existiría una deuda cercana a los 44 millones de colones por fondos que, según se dice, debían remitirse a la Curia Metropolitana. Incluso se ha mencionado que el nuevo sacerdote habría tenido que solicitar artículos básicos para el funcionamiento de la parroquia.
Si estos señalamientos fueran ciertos, la comunidad tendría razones legítimas para cuestionar por qué no se actuó con mayor rapidez ante denuncias que, según se afirma, habrían sido presentadas ante instancias del clero. Algunos fieles consideran que la responsabilidad podría no recaer únicamente en una persona, sino también en quienes debían supervisar, investigar y tomar decisiones oportunas.
Más allá de nombres y situaciones específicas, lo que está en juego es la credibilidad institucional y la confianza de una comunidad que espera transparencia, rendición de cuentas y coherencia entre el mensaje que se predica y las acciones que se toman.
La fe no debería sostenerse únicamente en ritos visibles o expresiones públicas de devoción. También exige claridad, responsabilidad y respuestas cuando surgen dudas que afectan la confianza de los creyentes.
Porque cuando la fe es auténtica, no teme a la verdad ni a la transparencia.
— Jesús Blanco
